América Latina: Un protocolo para terminar con la impunidad de los femicidios

Por Norma Loto

Poner fin a la impunidad es el objetivo del Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (feminicidio/femicidio), documento redactado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y ONU Mujeres, junto a personas expertas de Latinoamérica.

Imagen: sodepaz

Si bien hay avances en relación con la tipificación de esos hechos en distintos países de Latinoamérica, las iniciativas a veces solo parecen quedar en intentos, letra muerta y la escasa acción del sistema jurídico-penal, que sigue arraigado a columnas patriarcales que impiden una correcta actuación.

En medio de este panorama, representantes de 15 países de Iberoamérica se reunieron en Panamá del 9 al 13 de septiembre con el fin revisar y validar el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género. A la reunión de Panamá asistieron magistrados, jueces, policías, forenses, abogadas, abogados y referentes de la academia provenientes de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Uruguay.

El objetivo fue recoger experiencias y recomendaciones con el fin de garantizar la aplicación del Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género. A estos hechos se les llama indistintamente feminicidios y feticidios, debido a que en aún no existe una definición consensuada de ambos conceptos, ya que su alcance, contenido e implicaciones son todavía objeto de amplios debates y sus acepciones varían según el enfoque desde el cual se examina y la disciplina que lo aborda.
 

En la actualidad se apela al término femicidio para referirse a los asesinatos de mujeres por parte de los hombres, motivados por desprecio, odio, placer o sentido de propiedad sobre ellas. En cambio, feminicidio es un término con impronta política, acuñado por la antropóloga mexicana Marcela Lagarde y que alude al acto de asesinar a una mujer por el solo hecho de ser mujer, pero con el matiz político añadido de denunciar la inactividad de los Estados en el incumplimiento de las convenciones internacionales. "Se trata de una fractura del estado de derecho que favorece la impunidad. Por ello afirmo que el feminicidio es un crimen de Estado", refiere Lagarde.
 

Poner énfasis en estos crímenes sirve para fortalecer la concientización sobre la más grave de las violencias contra las mujeres. Según el informe de 2012 del Observatorio de Igualdad y Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, en 2011 se registraron 1.139 homicidios de mujeres por el hecho de serlo en ocho países de la región.
 

La representante regional de ACNUDH Carmen Rosa Villa afirmó en un comunicado de prensa que la muerte violenta de mujeres por razones de género pone a millones, "de todas las edades, en una situación de desasosiego permanente" y agregó que "los Estados, las sociedades y el sistema de las Naciones Unidas tienen que trabajar de la mano para luchar contra ese fenómeno y contra la impunidad que los rodea", interés supremo del Modelo de Protocolo.
 

Esa iniciativa responde a diversos llamados de atención provenientes de instituciones internacionales de derechos humanos sobre deficiencias y dificultades que persisten en las investigaciones del femicidio. Entre otras, las instituciones dieron cuenta de algunos vicios instaurados en el sistema judicial, como los prejuicios y estereotipos en las personas que integran el aparato judicial, demoras en los inicios de las investigaciones, estancamiento de expedientes y negligencias e irregularidades en la obtención de pruebas.
 

Moni Pizani, directora de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, señaló que el diseño de Protocolo "es un instrumento técnico y práctico destinado a ofrecer a los funcionarios judiciales, fiscales y policía directrices para la investigación penal eficaz de las muertes violentas de mujeres por razones de género, de conformidad con las obligaciones internacionales suscritas por los Estados".

"No es un instrumento obligatorio; lo que estamos buscando es que sea reconocido y utilizado. Es una herramienta que les ofrece a los operadores de justicia directrices para la implementación penal y, en ese sentido, ayudará a desterrar algunos vicios. El Protocolo ofrece un estándar de las diligencias que redundará en la reducción de la impunidad", aseguró Pizani en diálogo con SEMlac.

Pizani detalló que el protocolo proporcionará directrices generales y criterios dirigidos a mejorar las prácticas de los operadores de justicia. La idea es terminar con un conjunto de arbitrariedades y brindar "una perspectiva de género en la actuación de las instituciones a cargo de la investigación, sanción y reparación", afirmó a SEMlac.
 

A la par, esta herramienta práctica busca garantizar los derechos de las víctimas, sobrevivientes y familiares en el ámbito de la justicia, además de que garantiza su participación en las etapas de investigación y juicio de los femicidas, detalló Pizani.

Entre otros puntos, el protocolo refiere la importancia de las pruebas de contexto, es decir, todos los hechos que antecedieron al femicidio, como las denuncias realizadas en la policía, el testimonio de familiares, entre otros. Son factores a los que a veces la justicia no les brinda el valor suficiente a la hora de emitir un juicio, ya que se remiten a la información contundente. Toda la información de contexto son evidencias. "Por eso debe haber una trabajo de capacitación a funcionarios y operadores de justicia, para que analicen de una forma distinta ", refirió Pizani.
 

Un proceso en construcción

Interrogada por SEMlac acerca de las regiones más resistentes a aceptar el protocolo, Pizani prefirió una mirada en positivo del proceso, que data de hace pocos años, y abogó por elogiar a los países que ya tienen tipificado el femicidio. "Es como una ola que despierta la atención en otros países y, seguramente, genera acciones que se multiplicarán”, comentó.

Desde 2007, varias naciones de América Latina han desarrollado un proceso de tipificación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, bajo la denominación de femicidios o feminicidios, según los países. El Salvador, Guatemala, Colombia, Nicaragua y Bolivia han creado leyes especiales de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, en tanto Costa Rica, Chile, Perú, Argentina, Honduras y México han reformado las normas penales nacionales existentes.
 

Sobre la investigación de muertes violentas

El Modelo Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por razones de género femicidio es parte de las acciones de la campaña "UNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres” del Secretario General de las Naciones Unidas, ACNUDH y ONU Mujeres, que en junio de 2012 organizaron la primera reunión de expertos y expertas para iniciar el trabajo de redacción.

Poner fin a la impunidad por la violencia contra las mujeres es una de las metas que se propone Naciones Unidas. El estudio del Secretario General de la ONU "Poner fin a la violencia contra la mujer”, de 2006, se refirió así al efecto que tiene la impunidad sobre la vida de las mujeres: "La impunidad por la violencia contra la mujer agrava los efectos de dicha violencia como mecanismo de control de los hombres sobre las mujeres”.
 

El mencionado estudio también hace referencia al papel del Estado cuando no responsabiliza a los autores de actos de violencia y sostiene que "la impunidad no solo alienta nuevos abusos, sino que también transmite el mensaje de que la violencia masculina contra la mujer es aceptable o normal”.
 

Para terminar con la impunidad y prevenir los femicidios:

1. Los países necesitan marcos jurídicos exhaustivos que creen un entorno para que las mujeres y las niñas vivan libres de violencia, y que tipifiquen al femicidio como un delito específico.
2. Es fundamental la intervención temprana por parte de la ley y de otras agencias de apoyo.
3. Las supervivientes y sus familias deben tener acceso a servicios completos que les garanticen el acceso a la policía y al sistema de justicia, a refugios, asistencia jurídica, servicios de salud, asesoría psicosocial, líneas de atención las 24 horas y al apoyo a largo plazo.
4. Fomentar cambios en las actitudes, y comportamientos que consienten o que perpetúan la violencia, con el fin de prevenir la violencia antes de que se dé.
5. Los gobiernos tienen que comprometerse a pasar a la acción.
 

El feminismo en la agenda política

Por Mariana Carbajal

“Si el Estado tuviera perspectiva de género, si fuera entonces más democrático, no habría tolerancia social a la violencia hacia las mujeres y por lo tanto al feminicidio”, advirtió la académica e investigadora mexicana Marcela Lagarde, figura destacada del feminismo en América latina, de visita en Buenos Aires. Lagarde dio una clase magistral sobre “Violencia feminicida y los derechos humanos de las mujeres” a destacados referentes de la Justicia local. La presidenta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y titular del movimiento Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, fue la comentarista de la actividad. “Si el feminismo no se convierte en tema de agenda política, no vamos a llegar a una verdadera democracia”, consideró Garrigós, al tiempo que se preguntó “dónde están, en las plataformas de los candidatos (a legisladores de las próximas elecciones), estas preocupaciones” sobre la violencia machista y sus consecuencias en la vida y la muerte de mujeres.

La disertación de Lagarde fue organizada por el Observatorio de Género en la Justicia, que encabeza la filósofa feminista Diana Maffía, junto con el Centro de Formación Judicial del Poder Judicial porteño. El auditorio fue selecto: veinticinco personas, la mayoría mujeres, del ámbito de la Justicia, de la política y los medios de comunicación, con trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres.

Lagarde es etnóloga y doctora en antropología, autora de numerosos libros y artículos de gran influencia sobre estudios de género, desarrollo humano, democracia genérica, poder y autonomía de las mujeres, además de catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora invitada en diversas universidades latinoamericanas y españolas. Fue diputada entre 2003 y 2006 y se destacó durante su gestión por llevar adelante una investigación sobre los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez, para los que acuñó el término “feminicidio”. Junto con otras legisladoras impulsó la sanción de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, vigente en México desde 2007. Y más recientemente, desde la sociedad civil, promovió la incorporación de la figura del feminicidio en los códigos penales estaduales: hasta el momento, señaló, se ha tipificado como delito en 14 de las 32 entidades del país.

Entre el público se ubicaban el presidente del Tribunal Superior de la Justicia de la Ciudad, Luis Lozano; la jueza de ese tribunal Alicia Ruiz; Nelly Minyersky, experta en Derecho de Familia; Josefina Fernández, a cargo de la Oficina de Género del Ministerio Público de la Defensa; Virginia Simari, presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina, y Analía Monferrer, coordinadora de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema. También estuvieron las diputadas porteñas María José Lubertino y María Elena Naddeo.

Lagarde contó cómo se involucró en la investigación de los asesinatos en Ciudad Juárez, donde hay más de 450 mujeres asesinadas identificadas y se estima que son casi cinco mil las desaparecidas en una década y media. “En Juárez se hablaba de asesinatos seriales, cometidos por camioneros, o mafiosos. Había todo tipo de hipótesis, se decía que estaban vinculados con las maquilas. Inclusive se creó un estereotipo sobre las víctimas, jóvenes, obreras, de cabellos morenos, bonitas”, señaló. Sin embargo, la investigación determinó que los asesinos eran hombres comunes, la mayor parte conocidos de las víctimas, parientes, esposos, novios, ex esposos, padres, hermanos, vecinos, amistades familiares o compañeros de trabajo o escuela, o desconocidos. Algunas mujeres han sido víctimas de las mafias, pero son un porcentaje chiquitito. Esa investigación la extendió luego al resto de México, donde llegó a las mismas conclusiones. Pero a partir de analizar la tasa de homicidios de mujeres cada 100 mil habitantes, se descubrió que en realidad Juárez no era el único lugar donde mataban mujeres, ni tampoco el sitio donde había más crímenes de mujeres, a pesar de que esos homicidios llegaron a tener repercusión internacional. En 2004 –cuando se hizo el relevamiento–, todo el estado de Chihuahua –al que pertenece Juárez– ocupó el sexto lugar en el país en cuanto a la tasa de homicidios de niñas y mujeres. Otra constante que encontraron, tanto en Juárez como en el resto de México, fue la presencia de irregularidades en las actuaciones judiciales y policiales en la pesquisa de los crímenes de mujeres y, por tanto, una gran impunidad como problema del Estado.

Lagarde indicó además, que “en las regiones donde hay crímenes contra mujeres, hay otras formas de violencia machista que están presentes en la vida social, de forma constante, tolerada socialmente y por las autoridades, que crean un clima de impunidad”.

Lagarde definió el feminicidio como el genocidio contra mujeres que sucede, dijo, “cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados violentos contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de niñas y mujeres”. También consideró las muertes vinculadas con embarazos y abortos inseguros como “feminicidios”. En la Argentina, se adoptó el término “femicidio” para los asesinatos de mujeres por razón de género.

Lagarde sostiene que los feminicidios, que pueden ser perpetrados por conocidos o desconocidos de la víctima, tienen en común que las mujeres “son usables, prescindibles, maltratables y desechables. Y desde luego, todos coinciden en su infinita crueldad. Son, de hecho, crímenes de odio contra las mujeres”.

La antropóloga contó que en una oportunidad, un gobernador de un estado mexicano le anunció que su gobierno compraría helicópteros para patrullar las ciudades para proteger a las mujeres e instalarían cámaras de seguridad en las calles. Ella le respondió: “¿Cómo van a monitorear con helicópteros y cámaras las casas para cuidar a las mujeres de sus esposos, de sus hijos, de sus amantes, que son los feminicidas?”.

“Mientras no eliminemos la supremacía violenta de los hombres comunes y corrientes no podremos eliminar las violencias contra las mujeres y el feminicidio. Eso –añadió– implica cambios sociales, educativos y jurídicos muy importantes: hay que cambiar la mentalidad de jueces y juezas que todavía tienen pensamientos de hace un siglo. Si no cambian las instituciones, no podremos avanzar.”

Fuente: pagina12.com.ar

5 de Septiembre: Día Internacional de la Mujer Indígena

En el 2º Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América realizado el año 1983 en Tiwanaku, Bolivia, se acordó conmemorar este Día como un homenaje a Bartolina Sisa.  

Por Alejandra Flores

Un 5 de septiembre de 1782, una mujer indígena muere cruelmente torturada. En su honor se eligió conmemorar esa fecha como el Día Internacional de la Mujer Indígena. Esa mujer se llamaba Bartolina Sisa.

Bartolina, como muchas jóvenes, creció en su ayllu y era tejedora e hiladora hasta que conoce a Tupac Katari (Julián Apaza), con quien después se casaría. Junto a Tupac Katari, en la zona de la Paz y Tupac Amaru y Micaela Bastidas, en el Cuzco, Perú, organizan la resistencia indígena de los pueblos andinos contra el yugo español.

Entre muchas acciones realizadas por estos líderes y lideresas indígenas, destaca el cerco a la ciudad de La Paz en 1781, que se extendió por más de 100 días y donde se anotan varias victorias a favor. Bartolina no era una más en estas lides, sino que comandaba los ejércitos quechua-aymaras con gran éxito. 

En el fragor de estas luchas y producto de una traición Bartolina es apresada en el mes de julio de 1781, y un 5 de septiembre de 1782 es sentenciada a muerte junto a su cuñada Gregoria Apaza, otra gran heroína aymara. Ambas son torturadas y vejadas públicamente por las calles de La Paz. 

La Sentencia a muerte

(Texto de sentencia original que la condena a muerte).

"A Bartolina Sisa Muger del Ferós Julián Apaza o Tupa Catari, en pena ordinaria de Suplicio, y que sacada del Quartel a la Plaza mayor por su sircunferencia atada a la cola de un Caballo, con una soga de espatro al Cuello, y Plumas, y una Aspa afianzada sobre un Bastón de palo en la mano y a vós de pregonero que publique sea conducida a la Horca, y se ponga pendiente de ella hasta que naturalmente muera; y después se clave su caveza y manos en Picotas con el rótulo correspondiente, y se fijen para el público escarmiento en los lugares de Cruzpata, Alto de San Pedro, y Pampaxasi donde estaba acampada y Precidía sus juntas sediciosas; y fecho sucesivamente después de días se conduzca la caveza a los pueblos de Ayohayo, y Sapahagui de su Domicilio y origen en la Provincia de Sicasica, con la orden para que se queme después de tiempo, y se arrojen las senizas al aire, donde estime convenir".

Su Legado
Bartolina es ahorcada y descuartizada, para dejar cada una de sus extremidades en los lugares donde ella comandó las tropas indígenas. Su cabeza fue colgada en la localidad de Jayujayu (provincia de La Paz). Así se pretendió amedrentar a los aymaras y quechuas que luchaban para terminar con los atropellos y abusos de los conquistadores.

Los tiempos han cambiado, indudablemente, las Bartolinas de hoy, inmersas en un mundo globalizado, siguen luchando por mejorar las condiciones de vida de quienes las rodean, luchando contra un sistema económico brutal que arrasa con el sentido comunitario de sus pueblos. Luchando contra el racismo y la discriminación aún presentes. Luchando por un mundo mejor para todos y todas, con mayor justicia social, con respeto por la diversidad de culturas, con respeto por la dignidad de las personas. Así, el ejemplo de Bartolina Sisa sigue vivo. La fuerza y tesón de esta gran luchadora quechua-aymara es la que ha trascendido en la historia.

Fuente: www.elboyaldia.cl
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 "Así es" en lengua aymara

Chile: Violencia sexual contra mujeres en dictadura, un crimen invisibilizado

Por Oriana Miranda

Además de ser víctimas de los métodos de tortura efectuados contra todos quienes pasaron por los múltiples centros de exterminio de la dictadura, más de tres mil mujeres sufrieron violencia sexual por parte de agentes del Estado. Pese a ello, hasta el momento solo se han presentado cinco querellas criminales y los torturadores siguen refugiándose en los pactos de silencio y la impunidad. Tanto las víctimas como las organizaciones de derechos humanos apuntan a la necesidad de visibilizar este delito, ante el peligro de que se naturalice y se repita.

Lelia Pérez tenía 16 años cuando fue detenida por Carabineros y llevada junto a otra decena de estudiantes secundarios al Estadio Chile. Era el 12 de septiembre de 1973 y durante los siguientes días sería víctima de múltiples torturas, entre ellas, su primera agresión de carácter sexual.

"De las mujeres que fuimos llevadas al sector de los camarines, yo creo que todas fuimos sometidas a violencia sexual", recuerda Lelia, haciendo una pequeña pausa. Su paso por el Estadio Chile fue breve, pero significativo. "Cronológicamente es muy poco tiempo, pero yo siento que entré ahí de 16 y salí de 70", comenta.

El informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura dedica una sección especial a la violencia sexual ejercida contra las mujeres en dictadura, "tomando en consideración las características de esa violencia, además de su significación moral y cultural en la sociedad chilena".

De las 3.400 mujeres que declararon en la Comisión, la gran mayoría admitió haber sido víctima de algún tipo de violencia sexual. Si bien 316 dijeron haber sido violadas, se estima que esa cantidad es mucho mayor, ya que "la violación sexual es para muchas mujeres un hecho del cual les cuesta hablar y muchas veces prefieren no hacerlo", consigna el informe.

Aborto a golpes

Proveniente de una familia de fuerte formación política, Lelia Pérez militaba en el MIR desde los 13 años. Allí, participó de campañas de alfabetización y apoyó el trabajo de los obreros en las fábricas, nutriéndose de experiencias. Su paso por el Estadio Chile no amedrentó esta sed política: volvió a clases en el liceo Darío Salas y retomó su militancia, participando de actos de recuperación en las poblaciones sin dejar de preocuparse por sus compañeros que, poco a poco, comenzaban a desaparecer.

En octubre de 1975, casada y con siete semanas de embarazo, fue detenida por segunda vez y trasladada a Villa Grimaldi, donde permanecería durante tres meses. Allí, los episodios de tortura aumentarían su intensidad, así también las agresiones sexuales que le costarían, incluso, la pérdida del hijo que esperaba, debido a los golpes indiscriminados de los verdugos de la DINA.

"Durante mucho tiempo yo lo situé como, bueno, una tortura más. Pero la agresión sexual no es una tortura más. Porque… cómo te marca, el resto de tu vida, el resto de tus relaciones, el resto de tu sexualidad, de tu afectividad… Y desde dónde se hace. No se hace desde simplemente la búsqueda de la información, se hace desde otra parte, otra tribuna, que es el tema del machismo, del ejercicio del poder sobre la mujer. Ahí no les importó si yo era marxista o no", expresa Lelia, con una fortaleza que solo refleja su condición de sobreviviente.

Como ella, 229 mujeres que declararon ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura fueron detenidas estando embarazadas. 11 de ellas dijeron haber sido violadas y, debido a las torturas, 20 sufrieron un aborto.

El rol de la mujer

Por violación de los torturadores quedé embarazada y aborté en la cárcel. Sufrí shocks eléctricos, colgamientos, "pau-arara", "submarinos", simulacro de fusilamiento, quemadura con cigarros. Me obligaron a tomar drogas, sufrí violación y acoso sexual con perros, la introducción de ratas vivas por la vagina y todo el cuerpo. Me obligaron a tener relaciones sexuales con mi padre y hermano que estaban detenidos. También a ver y escuchar las torturas de mi hermano y padre. Me hicieron "el teléfono", me pusieron en la parrilla, me hicieron cortes con yatagán en mi estómago. Tenía 25 años. Estuve detenida hasta 1976. No tuve ningún proceso. Región Metropolitana, 1974.

Diversos testimonios recogidos en el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura dan cuenta de los horrores a los que se vieron sometidas las mujeres prisioneras políticas, los que se expresaban, en un primer nivel, desde el lenguaje.

"A mí me decían perra puta mirista, con la variante de perra maraca marxista. Y es interesante detenerse en esos tres apelativos. Porque el primero te quita tu condición de ser humano: perra. El segundo, te quita desde su perspectiva la dignidad de mujer: puta. Y el otro, marxista o mirista: eres su enemiga política", relata Lelia.

Para la abogada Camila Maturana, Coordinadora del Observatorio Parlamentario de Corporación Humanas, "la violencia sexual se dirige contra de las mujeres por parte de los agentes del Estado como parte de una política sistemática y permanente de represión, precisamente para imprimir en el cuerpo y la sexualidad de las mujeres una marca, un mandato de aniquilación".

En ese sentido, a su juicio "la violencia sexual tiene un objetivo político, que es reestablecer el orden de género tradicional que la dictadura cívico militar busca volver a imponer en el país. Desde ese punto de vista, podríamos decir que se castiga a las mujeres por transgredir los mandatos de género, por ser parejas de los militantes o participantes de los movimientos que apoyaban la Unidad Popular o por haber pretendido ser partícipes de estos procesos de cambio social y tener una activa participación política, porque tradicionalmente se ha entendido que el espacio público no les pertenece".

La abogada explica además que la violencia sexual cometida durante la dictadura chilena "lamentablemente presenta muchos elementos comunes con la violencia sexual generalizada que se comete en contra de las mujeres en las guerras y en los conflictos armados".

Así, "los cuerpos de las mujeres son atacados y ocupados como parte de una estrategia bélica de ataque al enemigo, como si sus cuerpos representaran también el territorio enemigo a ser ocupado, invadido, violentado". En ese sentido, el derecho internacional ha calificado a la violencia sexual como un delito de lesa humanidad, una violación a los derechos humanos y un crimen de guerra, lo que todavía no ha sido incorporado a los procesos de justicia en Chile.

Las secuelas

Juanita Aguilera es la presidenta de la Comisión Ética contra la Tortura y fue prisionera política entre 1980 y 1984. Para ella, la violencia sexual como tortura contra las mujeres tiene una doble connotación, "porque ellas invaden un campo que es masculino pero además desobedecen a un poder mayor".

"Cuando el poder trata de castigar a las mujeres, lo que intenta hacer es que ellas sientan y sepan y logren convencerse de que son nada en sus manos. Y ese ser nada es fundamentalmente una demostración de que están reducidas", manifiesta.

Es por ello que las secuelas de este tipo de agresiones persiguen a las víctimas durante décadas. "Es algo mucho más difícil para hablar, es mucho más difícil de superar, creo que se arrastra demasiado tiempo y que en los primeros años, incluso, ni siquiera habíamos comprendido. En los registros que se hicieron en los primeros años no se registró la agresión sexual como un método de tortura, que era lo habitual, lo común, lo que estaba pasando en esos momentos. Parecía que se daba por hecho que nos iba a suceder, dentro del conjunto de las agresiones que se hacen a las mujeres torturadas, esa en especial, esa innombrable, esa agresión de la cual es difícil conversar. Se ve en los testimonios de las compañeras: son muy pocas quienes logran verbalizarlo sin volver atrás en un proceso de retraumatización", expone.

40 años de impunidad 

Después de 30 años, sigo llorando. Cuando fui detenida estaba embarazada de 3 meses. Estuve en la Comisaría de [se omite]. El carabinero a cargo me amenazaba de que me iba a violar. En una carpa de campaña en el patio obligaron a un dirigente sindical a violarme y manoseame a vista de dos carabineros a cargo. Me amenazaron con sacarme las uñas de los pies (no lo hicieron, sí a otros compañeros). En [se omite] de [se omite] tuve un simulacro de fusilamiento… Estuve incomunicada en bancas días y noches. 

Vendada todo el tiempo. Era obligada a observar la tortura de otros y era amenazada de que me violarían nuevamente. En los interrogatorios me desnudaban, me manoseaban y me sentaron en la silla dental y me pusieron corriente en los pechos, garganta, vientre, piernas… Fui a dar al hospital en diciembre del 73. X Región, 1973. 

A diez años de aquel testimonio, a días de cumplirse 40 años del golpe, la impunidad de los torturadores es uno de los factores que más contribuye en la dificultad para las víctimas de superar el trauma. Corporación Humanas presentó el año 2010 las primeras cinco querellas por violencia sexual contra mujeres en la dictadura, con el objetivo de visibilizar este delito como una práctica sistemática de tortura y un crimen específico de género.

"Los tribunales han tenido conocimiento de la violencia sexual en un amplio número de centros de detención y tortura, pero no se ha dictado hasta ahora ninguna sentencia que condene a algún agente del Estado", acota la abogada Camila Maturana.

"Cuando la violencia sexual y cualquier otra violación grave a los derechos humanos permanece impune, el mensaje que están dando las instituciones públicas es de tolerancia o aceptación frente a esta violencia. Y eso es lo que es necesario revertir en la sociedad chilena, porque se observan elementos de una cierta continuidad en esta violencia sexual por parte de los agentes del Estado cuando en las manifestaciones sociales, a partir del 2011, quienes han estado detenidos denuncian en muchos casos torturas, abusos y malos tratos por parte de las Fuerzas Especiales y, en el caso de las niñas y mujeres jóvenes, la violencia sexual se dirige contra su cuerpo y sexualidad", advierte.

Luego de salir de Villa Grimaldi, en diciembre de 1985, Lelia Pérez pasó un año en Tres Álamos, para luego ser enviada al exilio durante una década. Ante la ausencia de justicia, el apoyo familiar y la posibilidad de volver a concebir han sido sus instancias más importantes de reparación.

Sin embargo, coincide en la necesidad de visibilizar la violencia sexual ejercida en dictadura, ante el peligro de que se naturalice e, inevitablemente, se repita. A días de cumplirse 40 años del golpe militar y de su primera detención, Lelia rechaza la "política de los empates" que pretende instaurar la derecha para justificar sus crímenes, así como los llamados al aire a perdonar y pedir perdón.

"¿Qué significa que yo pida perdón? ¿Qué significa que yo tengo que perdonar? Me están obligando a tener que manifestarme sobre qué, ¿qué significa perdonar, que no tengo que odiarlos, que no tengo que tener rabia, quieren normar mis emociones? Lo único que podemos hacer es consensuar cómo lo hacemos en el plano jurídico y, en el plano jurídico, un crimen debe ser castigado", concluye.

Fuente: http://radio.uchile.cl 

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