Gara.net- Patricia Rada, abogada de la Corporación chilena Humanas, que promueve y defiende los derechos humanos de las mujeres en Chile y Latinoamérica, representa a muchas de las estudiantes detenidas durante las manifestaciones para exigir una profunda reforma educativa o en los desalojos de los centros educativos por parte de los Carabineros y que han denunciado agresiones sexuales en dependencias policiales, tales como, desnudez forzada, tocamientos, insultos y amenazas.
Los Carabineros han respondido con masivas detenciones a las protestas de estudiantes. Las fotografías y relatos de los arrestados, en su mayoría adolescentes, retrotraen a este cuerpo policial, uno de los bastiones del dictador Augusto Pinochet, a sus tiempos más oscuros. El Centro de Estudio y Acción Política Feminista, Corporación Humanas ha advertido sobre la sistemática violencia sexual ejercida contra las estudiantes. En el despacho de la abogada Patricia Rada se amontonan las denuncias, que van llegando de forma colectiva. Ella misma fue agredida hace dos semanas mientras hacía labores de observación en una manifestación. Varios carabineros la golpearon con los escudos e, incluso, le agarraron de los senos cuando, en calidad de abogada, se interpuso entre estos y un adolescente al que estaban deteniendo de «forma muy violenta». En la entrevista concedida a GARA, detalla lo que está ocurriendo en el Chile de hoy.
Tanto las imágenes como las declaraciones de miembros del Gobierno reflejan un elevado clima de represión. Ustedes son testigos de muchas de las agresiones de los Carabineros y también receptoras de decenas de denuncias.
¿Cómo valoran lo que está ocurriendo?
Desde el año pasado, venimos observando un patrón de violencia sexual policial en las protestas estudiantiles. Hemos constatado que, durante el periodo de detención, se les obliga a desnudarse completamente, incluso a desprenderse de su ropa interior. También nos han llegado casos en los que los carabineros han golpeado en la vagina a las estudiantes, cuyas edades rondan los 14 y 15 años. Y, en otros muchos casos, para disolver una manifestación o desalojarlas de una ocupación, les aprietan los senos. Y, además de está violencia física, hay otra de carácter verbal, muy frecuente hoy por hoy.
¿A qué tipo de violencia verbal se refiere?
Insultos e insinuaciones respecto a situaciones que entrañan un mayor riesgo. Les dicen cosas como `qué bueno sería que nos perdiéramos en este lugar a oscuras los dos solos’… Las niñas se sienten muy vulnerables y piensan que las van a violar o agredir de forma aún más grave. Desde la Corporación, consideramos que este tipo de agresiones están directamente relacionadas con la dictadura de Pinochet, en la que existió una fuerte tendencia a la violencia sexual contra las presas políticas. Lamentablemente, los tribunales chilenos no han dictado sentencia en esta materia, por tanto, estos casos siguen impunes. Nunca se ha sancionado a la Policía por la violencia ejercida durante la dictadura y ahora empieza a resurgir ese mismo patrón de violencia específica contra las mujeres, cuyo objetivo es inhibir su participación política en la construcción de una nación. A través de estos métodos pretenden restablecer los roles que tradicionalmente les corresponden a un hombre y a una mujer en la sociedad, lo que es terrible para una democracia. Veo, por tanto, un claro vínculo entre la no sanción de los delitos del pasado y la autoridad y permiso que ellos sienten para ejercer la violencia ahora. Estos hechos reflejan también el tipo de instrucción y formación que se da a la Policía.
¿Por cuánto tiempo se puede prolongar la detención?
El periodo de detención varía dependiendo de la edad de las personas arrestadas, pero, por lo general, suele oscilar entre 6 y 24 horas. Si se les imputa un delito, este plazo máximo puede ser ampliado. En teoría, en esas 24 horas, deberían ser conducidas ante un juez de garantías. Pero, como estamos ante detenciones masivas, ha habido problemas en la ejecución de estas normas. No están acostumbrados a recibir casi al mismo tiempo a entre 200 y 300 estudiantes menores de edad, por lo que superan el plazo permitido por ley. De media, su estancia en comisaría dura diez horas.
Vuestra organización ha constatado que estas agresiones no se limitan a la capital chilena, sino que también se producen en otros puntos del país.
El pasado año, en Antofagasta, al norte de Chile, varias estudiantes de la Universidad Católica fueron obligadas a desnudarse íntegramente en comisaría, pese a que dos de ellas estaban con su periodo menstrual. En lo que llevamos de año, hemos recibido denuncias de Rancagua, la Serena, Calama y de la zona periférica de Santiago.
Vuestra organización ha constatado que estas agresiones no se limitan a la capital chilena, sino que también se producen en otros puntos del país.
El pasado año, en Antofagasta, al norte de Chile, varias estudiantes de la Universidad Católica fueron obligadas a desnudarse íntegramente en comisaría, pese a que dos de ellas estaban con su periodo menstrual. En lo que llevamos de año, hemos recibido denuncias de Rancagua, la Serena, Calama y de la zona periférica de Santiago.
¿Han aumentado las denuncias contra los Carabineros desde la llegada al poder del derechista Sebastián Piñera?
Sí. En términos generales, ha habido un incremento de la violencia como forma de represión de la protesta social. Precisamente, en el Congreso se está tramitando en estos momentos una ley que restringe el derecho a la manifestación.
¿Han contribuido a avivar este clima de represión declaraciones como la del alcalde de Santiago a favor de retirar las becas y suspender las matrículas a los estudiantes que participen en las ocupaciones o protestas?
Por supuesto. Lo que los estudiantes están exigiendo es una reforma que permita mejorar los estándares y el acceso a la educación y, justamente, se les castiga limitándoles el acceso y la calidad de la educación. Las movilizaciones son la única vía que tienen para plantear sus reivindicaciones ya que no todavía no pueden participar en las elecciones ni en ningún otro poder estatal.
Por supuesto. Lo que los estudiantes están exigiendo es una reforma que permita mejorar los estándares y el acceso a la educación y, justamente, se les castiga limitándoles el acceso y la calidad de la educación. Las movilizaciones son la única vía que tienen para plantear sus reivindicaciones ya que no todavía no pueden participar en las elecciones ni en ningún otro poder estatal.
¿Cuántas de estas denuncias han llegado a los tribunales?
Estamos individualizando las denuncias colectivas que hemos recibido. El proceso es lento porque en Chile aún está en vigor la justicia militar para aquellos casos en los que se vean involucrados militares o efectivos de la Policía. Como Corporación Humanas, no creemos que la justicia militar sea la competente para juzgar estos hechos, por tanto, presentamos las querellas ante la justicia civil. Pero ello implica un esfuerzo extra tanto para las víctimas como para los abogados, porque tenemos que pelear y discutir en audiencia la competencia de los tribunales civiles. Hasta el momento, hemos logrado tener éxito en dos de las causas, relativas a la denuncia de una joven de 14 años que recibió una patada en la vagina que le mantuvo tres días hospitalizada y a una desnudez forzada durante largo tiempo, en el que también le obligaron a hacer ejercicios de distinto tipo; sentadillas, flexiones de brazo…
¿Hay miedo a denunciar?
Sí. Algunas no lo hacen por la naturaleza propia de la violencia y otras por la falta de apoyo de sus padres, que las castigan doblemente; por participar en las movilizaciones y por «apartarse de la obligación normal de los estudiantes de acudir a clase». A ello se suma que la justicia militar jamás haya dictado una sentencia condenatoria en esta materia, por lo que la ciudadanía no tiene confianza en el sistema judicial. Debemos tener en cuenta que en la justicia militar no está tipificado ningún delito de connotación sexual aparte de la violación, por tanto, las agresiones sexuales quedan impunes porque son recalificadas como «uso innecesario» de la fuerza. Y, por otra parte, la justicia penal ordinaria solo reconoce la violación y el abuso sexual. Hace falta tipificar el delito de violencia sexual para aplicarlo a esta realidad.
Fuente: Corporación Humanas
