Ayer, 3 de enero, se cumplieron 20 años desde que se promulgó la Ley 19.023 que creó el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM). Ello fue posible gracias a la acción del movimiento de mujeres de los años 80 que logró incorporar en la agenda pública la igualdad entre mujeres y hombres, entendiendo que la democracia debía incluir plenamente a las mujeres, sus derechos humanos y demandas, y poner fin a las discriminaciones basadas en el género.
Los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia asumieron un compromiso con la superación de las desigualdades entre los sexos y la discriminación, lo que se tradujo en la creación del SERNAM como institucionalidad a cargo de esa tarea, en modificaciones de la legislación, nuevas leyes y en el desarrollo de políticas y programas, a nivel sectorial y transversal, nacionales, regionales y locales.
Sin duda, poner fin a la discriminación y cambiar el orden social y cultural que la sustenta supone un largo proceso que no puede completarse en uno o dos gobiernos, pero la acción desde el gobierno puede generar condiciones para avanzar en esa dirección y es lo que impulsaron esos gobiernos.
Construir la igualdad y poner fin a la discriminación no es un asunto de sentido común, requiere de experticia, visión estratégica y voluntad política. Todo ello falta en el gobierno de Sebastián Piñera.
El gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994) recogió las propuestas del movimiento de mujeres y concretó la creación SERNAM, cuya Directora Nacional tiene rango de Ministra y participa del Gabinete, con la tarea de “colaborar con el Poder Ejecutivo en el estudio y proposición de planes generales y medidas conducentes a que la mujer goce de igualdad de derechos y oportunidades respecto del hombre, en el proceso de desarrollo político, económico, social y cultural del país…” El SERNAM debía proponer las modificaciones constitucionales y legales que aseguraran la igualdad de las mujeres ante la ley y “garantizar el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificada por el Gobierno de Chile”. Al finalizar el gobierno de Patricio Aylwin, el SERNAM formuló el primer Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (1994-1999), que consagró la necesidad de incorporar la equidad de género en el conjunto de las políticas públicas.
El gobierno de Eduardo Frei (1994-2000), con tres mujeres en el gabinete ministerial, hizo suyo ese Plan de Igualdad, que se transformó en un instrumento útil para Ministerios y servicios a nivel nacional y regional y también para el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado chileno. Chile participó en la Conferencia regional de Mar del Plata (1994) y en la Conferencia de Beijing (1995), reforzando la opción por incorporar el enfoque de género en todas las políticas, lo que se reflejó en el Segundo Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2000-2010.
El gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), con cinco mujeres Ministras, creó el Consejo de Ministros por la Igualdad de Oportunidades (2000) destinado a “supervisar y dar cumplimiento al Plan de Igualdad de Oportunidades” y en 2001 se incluyó en el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) el Enfoque de Género como área prioritaria para el mejoramiento de la gestión pública.
La Presidenta Bachelet llegó al gobierno en 2006 con un programa que, por primera vez, integraba los objetivos de equidad de género de forma transversal en todos los ámbitos, instaló la paridad en el gabinete y los altos cargos de designación y el SERNAM elaboró una “Agenda de género 2006-2010” con orientaciones para los organismos públicos, los que tuvieron un desarrollo más autónomo en las políticas de equidad. Fortaleció el Consejo de Ministros para la Igualdad de Oportunidades, dio prioridad a la protección social, al acceso de las mujeres al trabajo con la creación de salas cuna y jardines infantiles, a la violencia doméstica y sexual, entre otros.
La legislación ha sido una herramienta clave para avanzar hacia la equidad, al consagrar derechos para las mujeres y son numerosas las leyes aprobadas y perfeccionadas en estos 20 años. Algunas adecuaron el orden jurídico a lo que las costumbres y la cultura ya habían adoptado (por ejemplo, la Ley de Divorcio) y otras han sido normas nuevas que invitan al conjunto de la sociedad a avanzar hacia una cultura más equitativa y no discriminatoria (por ejemplo, la Ley que introduce el Permiso Paternal en el Código del Trabajo). Otras modificaciones legales ajustaron nuestras leyes a los compromisos internacionales en derechos humanos (la reforma constitucional que establece la igualdad de mujeres y hombres), buscaron apoyar a las mujeres en su doble condición de trabajadoras y madres y penalizar conductas que las costumbres habían naturalizado (violencia doméstica, violencia sexual y asedio sexual en el trabajo).
Al finalizar su gobierno, el SERNAM elaboró un Tercer Plan de Igualdad para profundizar las políticas y abordar ámbitos deficitarios y los nuevos problemas de una sociedad que se moderniza. Su elaboración contó con una gran participación. No sólo se entrevistó a un amplio abanico de autoridades, parlamentarios/as, dirigentes políticos y sociales, académicas y expertas, centros de pensamiento político, incluidos los de derecha, alcaldes, los comandos de los candidatos en campaña, sino que se hizo una encuesta electrónica, con foros temáticos de modo que el texto final recogiera un amplio consenso político y social y se validó con la participación de dirigentas de la mayor variedad de organizaciones de mujeres de la Región Metropolitana.
El Plan de Igualdad 2010-2020, publicado a inicios de este año, definió tres principios universales, transversales e interconectados entre sí, que debían orientar la acción del Estado: igualdad y no discriminación, autonomía, y corresponsabilidad social, principios. Los ejes estratégicos de acción definidos fueron: 1. Políticas públicas y una institucionalidad para la equidad de género; 2. Democracia paritaria y participación de las mujeres; 3. Corresponsabilidad social en el cuidado; 4. Autonomía económica y trabajo decente; 5. Autonomía en la sexualidad y las decisiones reproductivas; 6. Violencia de género; y 7. Las niñas y niños: un punto de partida para la igualdad. Cada uno de ellos cuenta con metas y acciones estratégicas.
Han pasado casi 10 meses de gobierno de Sebastián Piñera y las políticas de igualdad, simplemente se han esfumado. El SERNAM no asumió el Plan de Igualdad 2010-2020 y no ha presentado ninguna alternativa, menos aún, ha convocado a debatir en torno a una agenda de prioridades con expertas, con líderes u organizaciones. Claramente las nuevas autoridades no tienen una comprensión del sentido y rol de un instrumento de política que es el Plan de Igualdad, ni de la incorporación de género en las políticas públicas. No se sabe qué sucedió con el Consejo de Ministros para la Igualdad de Oportunidades, tampoco del PMG de género, y peor aún, el proyecto de ley que crea el Ministerio de Desarrollo Social menciona al SERNAM en el mensaje, como una de las instituciones que será absorbida y en su articulado desaparece, al parecer, subsumido en una Subsecretaría destinada a brindar servicios a sectores pobres. Al mismo tiempo, la comisión que ha revisado la Ficha de Protección Social –en la que no participó ninguna experta en género y pobreza- elimina la información desagregada por sexo, es decir, desconoce las desigualdades existentes al interior de los hogares según sexo y amenaza poner fin a uno de los instrumentos de mayor impacto para reducir dichas desigualdades.
El portal del SERNAM muestra una simplificación extrema de su quehacer, coherente con el despido del 30% del personal, gran parte altamente calificado. En el Presupuesto para 2011 el SERNAM dejó sin recursos al programa que apoyaba la participación social y el liderazgo de las mujeres, no amplió los recursos requeridos para prevenir la violencia y ampliar la atención a las víctimas (sólo entre enero y julio de este año hubo 43.726 denuncias por violencia intrafamiliar a mujeres) y no hay señales de un trabajo intersectorial (se están cerrando Centros de Atención incluso), en cambio asignó recursos para programas cuyo objetivo y validez se desconoce.
Resulta lamentable que, al cumplirse 20 años de políticas públicas bien evaluadas, reconocidas, premiadas e imitadas internacionalmente, estemos asistiendo a la destrucción del SERNAM y su rol coordinador de políticas para el conjunto del Estado, de acuerdo con los compromisos contraídos por Chile en Naciones Unidas y la OEA. Construir la igualdad y poner fin a la discriminación no es un asunto de sentido común, requiere de experticia, visión estratégica y voluntad política. Todo ello falta en el gobierno de Sebastián Piñera.
Fuente: El Mostrador
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