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No tengo idea cuales serán los gustos del Willy en materia sexual. La verdad es que da exactamente lo mismo. Es un deseo tan poderoso, que viene a ser casi el único ámbito en que los seres humanos de todos los colores y condiciones por lo general terminan haciendo lo que se les da la real gana. Unos más alegremente que otros, por cierto. Se sabe que en la parroquia del Willy es bien tenebroso el calvario que conduce del sermón al jergón. Sea como fuere, sin embargo, un asunto queda claro: El Willy odia a las mujeres. No es el único que goza con aforrarlas, pero al menos en Chile, nadie las ha maltratado como él.
En el antiguo sistema público de pensiones chileno, que todavía está vigente para las personas que en 1981 lograron resistir las presiones para cambiarse al sistema de AFP, una mujer tiene derecho a jubilar a los 60 años, con una pensión vitalicia idéntica a la de un hombre de 65 con el mismo sueldo y número de años contribuidos, cualquiera sea su estado civil y número de cargas. En las AFP, en cambio, un hombre soltero de 65 obtiene hoy aproximadamente un tercio más de pensión que una mujer soltera de 60 años con el mismo fondo acumulado. Aún si ella renuncia a su derecho a jubilar a los 60 años y posterga esta decisión a los 65, la pensión del hombre resulta aproximadamente un sexto mayor.
Adicionalmente, las pensiones de ambos resultan significativamente inferiores a las que obtienen personas con sus mismos salarios y años contribuidos, pero que lograron permanecer en el sistema antiguo. La situación se agrava para los casados y quienes tienen más cargas familiares, cuyos beneficios de sobrevivencia se financian con cargo a una rebaja de sus propias pensiones. Mientras en el sistema público las pensiones se determinan en base a las remuneraciones de los últimos años, las del sistema de AFP están determinados principalmente por remuneraciones que percibieron dos y tres décadas, atrás, las que eran muy deprimidas. Ello se agrava en el caso de quienes fueron empleados públicos durante los años 1980, a los que se cotizó por una parte menor de su remuneración. Adicionalmente, los elevados costos de administración del sistema han absorbido cuatro quintas partes de las ganancias obtenidas por los fondos de pensiones las cuales, por otra parte, se esfumaron en buena medida durante la reciente crisis mundial.
Todos estos factores, sin embargo, repercuten en mucho mayor medida en el caso de las mujeres, cuyas pensiones resultan siempre significativamente más dañadas que las de los hombres. La causa de esta flagrante discriminación es bien conocida: al privatizar el sistema de pensiones se modificó su base de cálculo. Mientras en el sistema público los beneficios son definidos y se financian año tras año con cargo a las cotizaciones de los trabajadores activos, en el sistema de capitalización los beneficios se financian con los fondos acumulados y por lo tanto varían según la expectativa de vida de los jubilados en general.
Puesto que el sexo del causante es el único factor por el cual se discrimina al momento de calcular las pensiones, para un mismo fondo, las pensiones de las mujeres resultan necesariamente menores a las de los hombres, puesto que jubilan antes y en promedio viven más que los hombres.
En la modalidad de retiro programado, cada persona financia sus propias pensiones y los beneficios de sus sobrevivientes con cargo a su propio fondo de pensiones. Se trata de un mecanismo de capitalización propiamente individual. Las mujeres se ven perjudicadas puesto que deben financiar beneficios durante más tiempo que los hombres.
En la modalidad de renta vitalicia, el sistema de capitalización introduce elementos de compensación, puesto que los beneficios se determinan según la esperanza de vida promedio de la población jubilada y por lo tanto, las personas que viven menos compensan a los que viven más. Sin embargo, está diseñada de manera que las compañías de seguros se quedan desde el primer momento con la propiedad de los fondos de pensiones, a pesar del riesgo de caer en insolvencia, como de hecho ha ocurrido y nada menos que con las mayores aseguradoras del mundo durante la reciente crisis. Adicionalmente, esta modalidad discrimina contra las mujeres, que son el único grupo el cual el Estado calcula e impone tablas de mortalidad diferenciadas.
La reforma previsional de la Presidenta Bachelet (BCN 2008) mitigó esta situación en parte, estableciendo pensiones y aportes solidarios iguales para hombres y mujeres que pertenecen al sesenta por ciento de menores ingresos de la población. Estos beneficios quedaron definidos y garantizados por el Estado, es decir, fuera del esquema de capitalización, al cual deben sin embargo continuar contribuyendo obligatoriamente a lo largo de su vida laboral. Por otra parte, estableció un bono por hijo que beneficia a todas las mujeres, pero que es de un monto muy pequeño. Actualmente resulta del orden de 1.500 pesos mensuales por hijo, puesto que el bono de aproximadamente 300.000 pesos se capitaliza solo a partir del 2009. Incluso en varias décadas más, no alcanzará de ningún modo para corregir la discriminación anotada en el caso de las mujeres, especialmente aquellas de ingresos medios y altos. Por otra parte, la reforma introdujo un nuevo factor de discriminación contra las mujeres, puesto que ellas deben esperar cinco años después de cumplida su edad legal de jubilar para percibir sus beneficios, mientras que los hombres reciben los mismos al momento de cumplir la suya.
El Tribunal Constitucional chileno emitió recientemente un fallo importante en un caso de naturaleza parecida. Instó al gobierno a modificar la legislación que regula las aseguradoras de salud obligatoria, ISAPRE, de modo de impedir que cobren tasas diferentes según la edad y sexo de los afiliados. El alto tribunal estimó que tales diferencias constituyen una discriminación que viola los derechos constitucionales de las personas.
Basándose en este precedente, numerosas mujeres jubiladas por AFP están presentando recursos ante los tribunales chilenos, en que exponen la situación antes descrita y que les significa obtener pensiones inferiores a los hombres que han cumplido su edad legal de jubilar y tienen el mismo fondo acumulado. Solicitan pensiones iguales a los hombres para fondos iguales al momento de cumplir su respectiva edad legal de jubilar, al igual que ocurre en el sistema público.
Explica la metodología generalmente aceptada de cálculo de pensiones en el sistema de capitalización. Muestra que para fondos iguales al momento de jubilar y considerando el nivel de tasas de interés esperada para el período de jubilación, las pensiones de los hombres resultan aproximadamente un tercio mayores que las de las mujeres si ambos jubilan a su edad legal de retiro y aproximadamente un sexto mayores si ellas postergan su jubilación hasta los 65 años, como se ha mencionado.
Adicionalmente, comprueba que las diferencias crecen a medida que baja la tasas de interés esperada y en el límite, cuando la tasa es cero, las pensiones de los hombres resultan el doble que las de las mujeres con fondos iguales al momento de cumplir su edad legal de retiro.
Propone una solución sencilla y general, que consiste en que el Estado complemente las pensiones del sistema de AFP con una pensión pública adicional para las mujeres, cuyo monto corrija esta discriminación y restablezca el derecho que tienen en el sistema público, de percibir pensiones iguales a las de los hombres para fondos iguales al momento de cumplir la respectiva edad legal de jubilar. Esta solución se puede aplicar a todas las modalidades de pensiones del sistema de AFP, como los retiros programados y otras que pagan directamente las AFP y las rentas vitalicias y otras que se contratan con compañías de seguros. No exige modificación alguna del sistema actual, sino simplemente corrige la discriminación anotada. Su impacto sobre pensiones de las mujeres resulta considerable, puesto que incrementa en aproximadamente un tercio las pensiones de 170.000 mujeres jubiladas por vejez edad en el sistema de AFP. Se estima el costo actual de este subsidio en aproximadamente 100.000 millones de pesos anuales, lo que si bien es una cifra elevada, representa sólo el 2,3 por ciento del gasto público en pensiones, que alcanza actualmente a 4,3 billones de pesos anuales.
Alternativamente, propone una solución que es aplicable a la modalidad rentas vitalicias, las cuales contemplan un mecanismo de compensación, como se ha mencionado. Consiste en terminar con la discriminación que significa la existencia de tablas oficiales de mortalidad diferenciadas solo por sexo. Establece una tabla única obligatoria para el cálculo de rentas vitalicias, que garantiza pensiones iguales para fondos iguales al cumplir la edad legal de jubilar. Asimismo, establece un mecanismo de fondo único y compensaciones, para evitar que las compañías “descremen” a las personas con menos expectativa de vida. Complementariamente, establece un subsidio para que los hombres no vean rebajadas por este motivo sus pensiones actuales, las que son significativamente inferiores a las que perciben personas con la misma historia laboral en el sistema público. Calculadas de este modo, las rentas vitalicias se establecen según la esperanza de vida promedio de toda la población jubilada, sin discriminar entre hombres y mujeres como ocurre actualmente. De esta manera, todas las personas que viven menos compensan a las que viven más, sea por constitución genética, condición de salud o nivel de ingreso, como ocurre en la actualidad, pero también ahora por sexo, que es la única condición que se discrimina actualmente.
Este último mecanismo puede aplicarse a toda la población si se elimina la modalidad de retiros programados y se establece para todos de forma obligatoria. En cualquier caso, se sugiere la conveniencia de modificar el diseño de las rentas vitalicias, terminando con la obligación de traspasar la propiedad de los fondos a las compañías de seguros al momento de jubilar. En cambio, se propone la contratación de un seguro de sobrevivencia propiamente tal, que se financie mediante el pago de una prima anual por parte de todos los jubilados, cuyo importe permita a las compañías financiar los beneficios de las personas que viven más que el promedio por cualquier motivo que sea, incluyendo desde luego la condición de mujer.
En caso de ponerse en práctica alguna de las modificaciones propuestas más arriba, ellas no afectarán el fondo del sistema de capitalización. Las pensiones de una cohorte dada se siguen financiando a partir de los fondos acumulados por la misma al momento de jubilar. Solamente corregirán el cálculo de pensiones, de modo de eliminar la discriminación contra las mujeres que significa que ellas sean el único grupo de la sociedad para el cual la diferencia en esperanza de vida afecta obligatoriamente el monto de sus pensiones. Al mismo tiempo, el Estado subsidia las pensiones o los fondos, de modo de evitar que el remedio a la discriminación contra las mujeres perjudique las pensiones que reciben los hombres, que de por si son bastante mengüadas.
Alternativamente, se argumenta que la mejor solución es terminar con el sistema de AFP y restablecer el sistema público basado en el mecanismo de reparto. Ello permitiría no solo terminar con la discriminación contra las mujeres en las AFP, sino nivelar las pensiones de hombres y mujeres con las que actualmente perciben los jubilados por el sistema público, que son considerablemente mayores en ambos casos.
Adicionalmente, se comprueba que lejos de representar un mayor costo para el Estado, como las soluciones anteriores, el terminar con el sistema de AFP generaría un fuerte excedente fiscal. El año 2008, por ejemplo, los aportes de los afiliados y el fisco al sistema de AFP sumaron 3,8 billones de pesos, mientras todas las pensiones y otros beneficios pagados por las AFP y compañías de seguros sumaron 1,5 billones de pesos ese mismo año, lo cual deja un excedente neto de 2,3 billones de pesos.
Ello permite estimar que terminar con el sistema de AFP generaría para el fisco un excedente anual de ese orden (unos cinco mil millones de dólares), aparte que los fondos de pensiones acumulados quedarían de reserva para el pago de futuras pensiones.
El esquema de reparto es un sistema de seguro normal, que opera exactamente igual como el seguro de invalidez y sobrevivencia en el sistema de AFP o el seguro automotriz obligatorio, entre muchos otros ejemplos. En todos esos casos, los beneficios que perciben las personas afectadas por el riesgo se financian con cargo a las primas anuales que pagan todos. Este esquema ha sido probado a lo largo de muchas décadas en todos los países desarrollados y actualmente opera de modo parcial o exclusivo en todos los países del mundo, con la única excepción de Chile.
¿Porqué se privatizó un sistema probadamente mejor y que aún hoy ofrece a la mayor parte de los jubilados chilenos pensiones ostensiblemente mejores que las AFP? ¿Porqué se reemplazó por otro que discrimina especialmente a las mujeres? ¿Porqué las AFP gastan miles de millones (de los cotizantes) en una campaña hostigosa que hasta el momento ha resultado exitosa, para resistir tenazmente una reforma a fondo del sistema?
La razón es muy sencilla: a lo largo de tres décadas, la privatización del sistema de pensiones ha traspasado a un pequeño grupo de grandes conglomerados financieros, encabezados por los propietarios de las AFP y compañías de seguros relacionadas con la previsión, la mayor parte de las cotizaciones previsionales, que hoy suman más de seis mil millones de dólares por año. Al mismo tiempo, el Estado ha debido hacerse cargo de pagar la mayor parte de todas las pensiones, incluidas las que pagan las AFP y compañas de seguros. Finalmente y lo que es más importante, quienes se trasladaron a las AFP han visto disminuir significativamente las suyas, lo que discrimina en mucho mayor medida a las mujeres.
Como la calificó Pepito Piñera, “papi” del Willy, el sistema de AFP fue “la madre de todas las privatizaciones.”
¿Hasta cuando los chilenos y especialmente las chilenas, vamos a tolerarla?
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